Establece limitaciones al acceso a bases de datos de los propietarios de bienes considerados como Patrimonio Histórico y Artístico así como a aquellos documentos que se consideren como parte del Patrimonio Documental. Como ya vimos en el apartado 8, al hablar del acceso a registros y archivos públicos, esta ley también deja en manos de los reglamentos de las respectivas administraciones públicas responsables del patrimonio la regulación de acceso a estos archivos, bibliotecas y documentos, con lo cual el acceso finalmente acaba siendo bastante restringido y, en cualquier caso, queda en manos del arbitrario criterio que cada administración considere que debe incluir en sus reglamentos.
Para quien quiera consultar el texto completo de esta ley, facilitamos, como siempre, el enlace respectivo a su texto en la página del BOE.
Ley 16/1985, de 25 de junio.
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